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A nivel nacional ni siquiera hay una cifra oficial de solicitudes de ERTE, ni un número de expedientes autorizados ni tampoco un balance de cuántos trabajadores cobraron la prestación a comienzos de abril. El ministro Escrivá habló hace unos días de cerca de cuatro millones de personas afectadas, pero pese a que muchas empresas iniciaron los trámites nada más decretarse el estado de alarma y con él la posibilidad de acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), es decir a mediados de marzo, a día de ayer no era posible conocer cifras exactas.
El colapso del Servicio Público de Empleo (Sepe), que es el encargado del pago de las prestaciones a causa de la crisis del coronavirus deriva del aluvión de expedientes y del hecho de que éstos lleguen en 17 ‘formatos’. La ministra de Trabajo ya ha advertido varias veces de que su departamento los revisará uno por uno y obligará a devolver las prestaciones y cotizaciones de los que no se ajusten a la ley.
Algunas comunidades autónomas han optado por dar luz verde a los ERTES por la vía del silencio administrativo, lo cual agiliza su llegada al Sepe. El ingente volumen y la tardanza se traduce en retrasos a la hora de materializar los pagos y todo apunta a que al menos un tercio de los ERTES no cobrarán su prestación hasta junio, algo que sentenciará la economía familiar aún más, ya que llevan la mayoría sin cobrar desde el 14 de Marzo.
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